El Archivo General de la Nación tiene sus antecedentes en el año 1836, cuando el General José Antonio Páez crea, por decreto, el Registro Público. Para ese momento, se dispone que todos los registros depositados en las escribanías públicas se dividieran en dos partes: una destinada al Registro propiamente y la otra al Archivo Público. Con esta disposición, comienza la discriminación de los documentos históricos. Entre estos documentos, se encontró el que hasta ahora ha sido el papel más antiguo del Archivo General de la Nación, se trata del: “Libro de Acuerdos de los Oficiales de la Real Hacienda de la Provincia de Venezuela”. Este papel histórico data del año 1535 y cuenta con 314 folios que contienen las actas de las reuniones efectuadas por el contador, tesorero y veedor, sobre los asuntos relacionados con la Real Hacienda.

Por Decreto del 27 de enero de 1877, el presidente Antonio Guzmán Blanco le dio forma jurídica al Archivo General. Posteriormente, un grupo de intelectuales, conformado por César Zumeta, Pedro Manuel Arcaya, Laureano Vallenilla Lanz, Abel Santos, Felipe Francia, José Gil Fortuol, Manuel Segundo Sánchez, Victoriano Márquez Bustillos y Vicente Lecuna, despertaron el interés del entonces presidente Juan Vicente Gómez en la construcción de un edificio donde pudieran reunirse los valiosos documentos que se encontraban dispersos en las Oficinas del Registro Principal del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y en algunos despachos del Ejecutivo Nacional, lugares donde todos estos papeles históricos corrían el peligro de desaparecer, y con ellos, las fuentes originales y auténticas de la historia de Venezuela.

Años más tarde, con motivo de la conmemoración del primer Centenario de la Independencia se dispuso, por Decreto del 19 de marzo de 1910, la construcción de varias obras públicas, entre las cuales se erigió un edificio para el Archivo Nacional. Para su construcción, fue elegido el terreno ubicado en la Avenida Urdaneta, esquinas Carmelitas y Santa Capilla, lugar donde, a mediados del siglo XVIII, la Compañía Guipuzcoana edificaría sus oficinas administrativas. Su cesionaria, la Real Compañía Filipinas, vendió sus edificaciones al gobierno español en 1808, las cuales se incorporaron al patrimonio de la Nación después de la Independencia, como parte integrante de las propiedades españolas confiscadas.